El Procedimiento de Devolución de Percepciones: Entre el Derecho a la Repetición y la Seguridad Jurídica del Fisco

En el marco del sistema tributario argentino, las percepciones del Impuesto a las Ganancias (especialmente aquellas originadas por el régimen de la RG 5617) representan una detracción anticipada de la riqueza del contribuyente. Cuando estas sumas exceden la obligación tributaria sustantiva, mutan de ser una «carga» a constituirse como un crédito fiscal a favor del administrado.

No obstante, la materialización de este crédito en dinero efectivo no es un proceso automático. Nos encontramos ante un procedimiento administrativo complejo, donde colisionan el derecho de propiedad del contribuyente y el deber de resguardo del erario público por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El presente análisis desglosa por qué, en este escenario, el Formulario 1359 no es un mero requisito formal, sino la «conditio sine qua non» para la viabilidad del trámite sin apremios fiscalizadores.

1. La Naturaleza Jurídica del Trámite: Un Pedido Administrativo de Repetición

Es fundamental que el contribuyente comprenda que la solicitud de devolución no es “un simple click” en una plataforma digital sino que, en esencia,  esla interposición de una pretensión administrativa.

Como todo pedido administrativo, se rige por la Ley 19.549 y, supletoriamente, por la Ley 11.683 de Procedimiento Tributario. Al instar la devolución, el administrado está dando inicio a un expediente donde la administración debe verificar la legitimidad, oportunidad y procedencia del reclamo. En este sentido, el silencio de la administración o la demora en el procesamiento deben analizarse bajo el prisma del «pronto despacho» y las garantías del debido proceso adjetivo.

La naturaleza de este pedido es la de una Acción de Repetición simplificada. El sujeto pasivo afirma que ha pagado tributos en exceso y solicita al Estado que revierta dicho desplazamiento patrimonial injustificado.

11. El Estándar de Certeza de la Ley 11.683: El Deber de Resguardo del Fisco

Un error común es suponer que la ARCA debe devolver el dinero por el solo hecho de que la percepción aparezca reflejada en el sistema «Mis Retenciones». Sin embargo, el marco legal impone un límite severo.

De acuerdo con el espíritu de la Ley 11.683, el Fisco Nacional tiene el deber irrenunciable de salvaguardar la renta fiscal. El organismo no puede proceder al reintegro de fondos si no cuenta con indicios fuertes y evidencia fehaciente de que el contribuyente no adeuda suma alguna por el concepto reclamado o por otros conceptos compensables.

Este principio de «indemnidad fiscal» implica que, antes de liberar un pago, la autoridad debe realizar un control cruzado de la capacidad contributiva. Si el Fisco devolviera fondos a un contribuyente que, tras un análisis posterior, resulta ser deudor del impuesto, se configuraría un perjuicio al patrimonio estatal y una violación a los deberes del funcionario público. Por tanto, la carga de la prueba sobre la inexistencia de deuda, en última instancia, recae en la consistencia de los datos declarados.

III. El Formulario 1359: La Herramienta de Certeza para la Administración

En el caso de los empleados en relación de dependencia, el F. 1359 (Liquidación Anual del Impuesto a las Ganancias – Cuarta Categoría) se erige como la herramienta técnica fundamental para otorgar seguridad jurídica al proceso.

¿Por qué es tan relevante para la ARCA este formulario?

1. Validación por Tercero: Al ser emitido por el empleador (agente de retención), actúa como una certificación externa de que los ingresos del trabajador y las deducciones computadas son correctas.
2. Determinación de la Deuda Real: Es el único documento que define si el impuesto anual fue, efectivamente, inferior a las percepciones sufridas.
3. Cierre de Ejercicio: Sin este formulario, el período fiscal se considera «abierto» o «indeterminado» para los sistemas informáticos de la ARCA.

Para el Fisco, el F. 1359 es el medio de prueba documental por excelencia que le permite alcanzar el grado de convicción necesario para autorizar el desembolso sin necesidad de mayores indagaciones.

1. La Ausencia del F. 1359 y la Inevitable Derivación a Fiscalización

Llegamos aquí al punto crítico del análisis ¿Qué sucede si el empleador no presenta el formulario anual?

Sin la información consolidada del F. 1359, la ARCA se encuentra ante un vacío informativo. El sistema detecta que el contribuyente reclama un dinero, pero no tiene la contrapartida que confirme que ese dinero no debería haberse usado para pagar el impuesto anual. Ante esta incertidumbre, la administración tiene dos caminos:

1. Rechazo o Paralización: El trámite queda en estado de «evaluación» permanente.
2. Fiscalización Individual: Si el contribuyente insiste en su pedido y la información del agente de retención no llega, la única vía que posee el Fisco para generar la «certeza» exigida por la Ley 11.683 es cursar una fiscalización.

Este proceso de fiscalización transforma un pedido administrativo que debería ser ágil en una auditoría de gabinete. El inspector requerirá recibos de sueldo, estados de cuenta, justificación de consumos y origen de fondos. Esta intervención administrativa no solo retrasa el trámite por meses o años, sino que expone al contribuyente a una revisión integral de su situación patrimonial.

En conclusión: La falta de diligencia del empleador en la presentación del F. 1359 empuja al empleado al terreno de la fiscalización, perdiendo la celeridad que el régimen simplificado de la RG 5617 promete.

1. Conclusiones

Resulta vital diferenciar entre el acto de inicio del trámite (el pedido administrativo) y las vicisitudes del procedimiento(el procesamiento y pago).

• El pedido es una manifestación de voluntad amparada por la ley.
• El procesamiento es una etapa de control sujeta a la existencia de datos ciertos.

De lo expuesto es importante que el lector considere que la labor profesional no culmina con la carga de la solicitud en la web de ARCA sino que se debe auditar la situación del contribuyente frente a su empleador y, en caso de omisiones, instar a la presentación de la liquidación anual para evitar que el reclamo caiga en el limbo de las fiscalizaciones preventivas. La rapidez del recupero no es una cuestión de suerte, sino de consistencia documental y cumplimiento de la normativa procedimental tributaria.